UNA DEMANDA PARA IMPONER UNA MINA DE ORO TÓXICA
Gabriel Resources contra Rumanía
Durante casi 20 años, los habitantes de Roşia Montană, en Rumania, han luchado contra un proyecto minero multimillonario, que habría destruido sus hogares y el medio ambiente de la zona. En una notable demostración de poder popular, recurrieron a los tribunales rumanos y lograron detener el proyecto. Ahora, el propietario mayoritario del proyecto, la compañía canadiense Gabriel Resources, está demandando a Rumania ante un tribunal arbitral de inversiones y le exige 5700 millones de dólares de indemnización por la pérdida de ganancias, una suma que equivale a casi el 3 % del tamaño de toda la economía rumana.1
En caso de que se apruebe el proyecto, Roşia Montană se convertiría en la mina de oro a cielo abierto más grande de Europa. Para extraer oro de la roca, cada año se utilizarían y se liberarían en el ambiente decenas de miles de toneladas de cianuro, un producto químico muy tóxico. Muchos vecinos y vecinas se verían desalojados por la fuerza de sus hogares. Tres aldeas y cerca de 1000 casas e iglesias quedarían destruidas, muchas de las cuales forman parte del patrimonio nacional. Roşia Montană también alberga unas singulares galerías mineras que datan del antiguo Imperio Romano. Este tesoro mundial de valor incalculable también quedaría destruido si el proyecto minero se ejecutara por completo. En su lugar, la mina dejaría tras de sí un lago de residuos del tamaño de 420 campos de fútbol.2
No abandonaremos nuestros hogares y nuestras tierras para dar cabida a su cianuro y su lucro.
Eugen David, agricultor de Roşia Montană y presidente de la organización comunitaria Alburnus Maior3
Ya desde el principio, la mina propuesta se topó con una fuerte resistencia de la comunidad. Durante toda la década de 2000, habitantes de la zona y organizaciones ambientales organizaron protestas y reunieron firmas contra la mina, el uso de cianuro y los posibles reasentamientos forzosos. Cuando se les unieron estudiantes, sacerdotes, personas del mundo académico, numerosas instituciones rumanas y ciudadanía en general, ‘Salvemos Roşia Montană’ se convirtió en el mayor movimiento popular desde la revolución que vivió el país en 1989. En 2013, decenas de miles de personas salieron a las calles de todo el país durante varias semanas para oponerse al proyecto minero y a la llamada ‘Ley sobre Roşia Montană’, que lo habría acelerado, pero que fue rechazada debido a la gran presión popular. Este movimiento nutrió de esperanza a toda una generación de rumanos.4
Acoso empresarial, tribunales atentos
¿Y la compañía minera? Intentó silenciar a la oposición mediante llamadas telefónicas intimidatorias, amenazas y violencia física. También ejerció una presión extrema sobre los habitantes de la zona para que vendieran sus casas y generó un clima de ansiedad en el pueblo.5 Según Eugen David, un agricultor de Roşia Montană, la empresa empleó “las mismas tácticas que la Securitate”, la infame policía secreta de Rumania durante la dictadura comunista: “Intimidación, engaño, presión sobre las familias, corrupción. Sobre todo la intimidación”.6
A la población de aquí le gustaría quedarse y me da la impresión de que una empresa extranjera está bloqueando el funcionamiento de la democracia local.
Marie-Anne Isler Béguin, ex europarlamentaria 7
A pesar de todo esto, la comunidad no se echó atrás. Acudieron a los tribunales y cuestionaron los procedimientos y permisos de las autoridades rumanas. En cada uno de los casos, los tribunales determinaron que los permisos otorgados a la empresa se habían obtenido ilegalmente, señalando la falta de cumplimiento de las leyes ambientales y pruebas de abusos administrativos. Así que, finalmente, el proyecto de mina tóxica se vio paralizado por los tribunales rumanos. Hasta el día de hoy, la empresa minera no ha conseguido todos los permisos necesarios, simplemente porque no cumplió con la legislación nacional y de la UE.8
La auténtica mina de oro de Gabriel: el ISDS
El propietario mayoritario está intentando imponer el proyecto por medio de un resquicio legal, por el que podría conseguir que las sentencias de los tribunales rumanos resulten irrelevantes. En 2015, la compañía minera canadiense Gabriel Resources interpuso una demanda, aún en curso, contra Rumania a través de un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS).99 La empresa sostiene que el país incumplió las obligaciones contraídas en virtud de sus tratados bilaterales de inversión con Canadá y el Reino Unido porque “no accedió” a conceder los permisos necesarios. Entre otras cosas, como prueba del trato injusto que tuvo que soportar, la empresa ha enumerado la solicitud del Gobierno rumano para que Roşia Montană se convierta en sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y el hecho de que pidiera la aprobación del Parlamento para la mina.10
Según un comunicado de prensa de mayo de 2019, Gabriel Resources reclama una indemnización de 5700 millones de dólares.11 Esa cifra equivale al 2,7 % del producto interno bruto (PIB) de Rumania. También representa ocho veces más que el dinero que la compañía dedicó, presuntamente, a desarrollar la mina (en actividades de exploración, equipos, etcétera), que fue de 650 millones de dólares.12 Olvidémonos de los metales preciosos: la verdadera mina de oro de la compañía podría encontrarse en la demanda en sí.
Gabriel está intentando que los rumanos paguen por haber presionado a sus legisladores para que hicieran lo correcto.
Claudia Ciobanu, periodista rumano13
Demandas financiadas con dinero de Wall Street
La demanda de Gabriel Resources cuenta con el apoyo financiero de un fondo de alto riesgo de Wall Street que se llama Tenor Capital Management. Tenor paga a los abogados de la compañía a cambio de recibir una parte del dinero si gana.14 Estos acuerdos de financiación permiten a las empresas prolongar las batallas jurídicas, lo cual incrementa los costes de defensa de los Estados y aumenta las probabilidades de que los Gobiernos cedan a las demandas de las empresas para evitar unos costes judiciales excesivos y el riesgo de perder el caso (para más información sobre este tipo de acuerdos, véase el cuadro 12 en la página 64).15
Hay motivos para temer que la demanda multimillonaria de Gabriel Resources pueda obligar al Gobierno rumano a dejar que se perfore la mina para resolver el caso, por ejemplo, modificando las leyes y emitiendo nuevos permisos. Una primera señal de alarma sonó cuando el Gobierno decidió, en 2018, retirar la solicitud para que Roşia Montană se convirtiera en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.16 Otro indicio preocupante es la propuesta de una nueva ley minera de principios de 2019, por la que se permitiría que se concedieran nuevos permisos.17 En caso de que no se aprobara el proyecto para la mina, aún se correría el riesgo de que Gabriel Resources saliera del país tras embolsarse una gran cantidad de dinero público a modo de indemnización.
Las personas de Rumanía se opusieron a la mina de Roşia Montană y nuestros tribunales la declararon ilegal. Pero a través de un sistema judicial paralelo, una corporación podría obligarnos a abrir la mina o pagar miles de millones de dólares.
Roxana Pencea Brădățan, Mining Watch Romania18
Las comunidades exigen que se escuche su voz
En noviembre de 2018, la comunidad de Roşia Montană, junto con grupos ambientalistas contrarios a la mina, escribieron a los tres abogados privados que resolverán el caso presentado por Gabriel Resources al amparo del ISDS. En ella, explicaron cómo la empresa había violado sus obligaciones en virtud del derecho ambiental y de los derechos humanos rumano, de la UE e internacional y, por lo tanto, no debería ser protegida mediante unos derechos especiales reservados a los inversores extranjeros.19 Como señaló uno de los abogados del grupo: “Gabriel Resources nunca ha tenido derecho a explotar Roşia Montană. La compañía no debe utilizar el arbitraje de inversiones para eludir la aplicación legítima del derecho interno”.20 Los árbitros admitieron la carta, pero se negaron a aceptar los testimonios adjuntos de los habitantes de la zona, con lo que excluyeron del proceso a la comunidad afectada.21
Cuando el ISDS choca con el derecho de la UE: la absurda saga judicial de los hermanos Micula contra Rumania
El caso Micula es otra demanda presentada por inversores contra Rumania que genera asombro. Este caso demuestra que los tratados de inversión y el arbitraje pueden ser incompatibles con la legislación nacional y de la UE.
A finales de la década de 1990, Ioan y Viorel Micula (dos hermanos rumanos ricos que también disponen de ciudadanía sueca) recibieron incentivos fiscales y de otro tipo para las empresas de alimentos y bebidas que dirigían en Rumania. En 2005, estos incentivos se suprimieron en el marco de las reformas necesarias para que Rumania se adhiriera a la UE. Los hermanos Micula impugnaron la decisión y, en 2006, demandaron a Rumania a través de su tratado bilateral de inversión con Suecia.22 A pesar de que la Comisión Europea intervino en el caso, al confirmar que había exigido a Rumania que pusiera fin a los incentivos para ajustarse a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en 2013 un tribunal de inversiones dictaminó que un Estado no puede eludir la responsabilidad que ha asumido con respecto a los inversores basándose en la legislación de la UE. Los árbitros condenaron a Rumania a pagar 178 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a los hermanos Micula.23
This case illustrates the risk that a Member State can be successfully sued by a company within ISDS for merely bringing its legislation or policies in line with EU legislation.
Monique Goyens, de la Organización de Consumidores Europeos BEUC24
Desde entonces, los hermanos Micula han estado intentando que el laudo se haga efectivo en varios países, dejando a Rumania atrapada entre las instrucciones y las leyes de las instituciones de la UE y unos inversores ricos, decididos y ávidos de pleitear.
Se desconoce el importe total que Rumania ha gastado en esta saga judicial. Solo la defensa de los procedimientos arbitrales ya ha costado a los contribuyentes rumanos 16,7 millones de euros.25
- Todas las referencias a dólares, salvo en caso de que se especifique lo contrario, aluden a dólares estadounidenses, USD.
- Salvati Roşia Montană: All about Roşia Montană mining project.
- Salvati Roşia Montană: Tudose, we won’t give up Roșia Montană!, 30 de agosto de 2017.
- El sitio web Salvati Roşia Montană es una buena fuetne para saber más sobre las protestas.
- Alburnus Maior, Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu y Greenpeace Romania: Amicus Curiae Submission, 2 de noviembre de 2018, 6, 8-10.
- Entrevistado para la película Roşia Montană, town on the brink de Fabian Daub, minuto 12:30.
- Citado en: Salvati Roşia Montană: Gabriel’s Rosia Montana gold mining project: An obstacle to EU accession, diciembre de 2013.
- Alburnus Maior, Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu y Greenpeace Romania: Amicus Curiae Submission, 2 de november de 2018, 10-16.
- Gabriel Resources Ltd. and Gabriel Resources (Jersey) v. Romania (ICSID Case No. ARB/15/31).
- Gabriel Resources Ltd. and Gabriel Resources (Jersey) Ltd.: Claimants Memorial, 30 de junio de 2017, párr. 682f, 685a.
- Gabriel Resources: 2019 First Quarter Report, 14 de mayo de 2019.
- Gabriel Resources Ltd. and Gabriel Resources (Jersey) Ltd.: Claimants Memorial, 30 de junio de 2017, párr. 4.
- Claudia Ciobanu: Roşia Montană, an omen for TTIP, Euractiv, 27 de julio de 2015.
- Gabriel Resources: Press Release – Closing of Private Placement, 14 de julio de 2016.
- Corporate Europe Observatory y Transnational Institute: Profiting from injustice: How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an investment arbitration boom, 2012, capítulo 5.
- Claudia Ciobanu: Masks fall as Romanian government withdraws UNESCO application for Roşia Montană, Euractiv, 7 de junio de 2018.
- Claudia Ciobanu y Mihai Stoica: Roşia Montană: Seeds of utopia in town almost lost to gold mining, Aljazeera, 24 de abril de 2019.
- Citado en: WeMove: Petition. No global corporate court, 2017.
- Alburnus Maior, Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu y Greenpeace Romania: Amicus Curiae Submission, 2 de noviembre 2018.
- Citado en: CIEL y otros: Roşia Montană voices to be heard in illegal Romanian gold mine litigation, 5 de noviembre de 2018.
- Lisa Kadel y Christian Schliemann: Gabriel Resources v. Romania: Local Residents as Third Parties in Investor-State Dispute Settlement?, Oxford Human Rights Law, 19 de abril de 2019.
- Ioan Micula, Viorel Micula and others v. Romania (ICSID Case No. ARB/05/20).
- Esta suma incluye los intereses previos al laudo. Ioan Micula, Viorel Micula and others v. Romania, Award, 11 de diciembre de 2013, párr. 1329.
- Monique Goyens: The Micula case: When ISDS messes with EU law, 27 de octubre de 2014.
- En el primer laudo, se condenó a Rumania a pagar sus costes judiciales (11 499 347,97 euros) y había adelantado 1 485 000 dólares (1 077 179,78 euros el 11 de diciembre de 2013, fecha del laudo) para cubrir los costes del tribunal. En el procedimiento de anulación, se condenó a Rumania a pagar sus costes judiciales, 2 041 034,19 euros, y demás gastos, 600 000 dólares (548 847,44 euros el 26 de febrero de 2016, fecha del laudo), así como a pagar la totalidad de los costes del procedimiento (547 845,09 dólares o 501 138,96 euros). Esto supone 15 668 448,34 millones de euros en costes judiciales.
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