Kingsgate contra Tailandia

En los arrozales de Tailandia, la población local acusó a una mina de oro de filtrar residuos tóxicos, lo cual causó graves problemas de salud y arruinó las cosechas. El Gobierno respondió suspendiendo el funcionamiento de la mina y, después, cesando la actividad de todas las minas de oro del país mientras elaboraba una nueva ley sobre explotación minera. Sin embargo, en lugar de que las comunidades afectadas reciban una indemnización por los daños causados, está sucediendo todo lo contrario. Desde 2017, el propietario australiano de la mina, Kingsgate, demanda a Tailandia y le exige una indemnización de millones de dólares en virtud de un tratado de libre comercio entre los dos países.¹

Chatree fue la primera y más grande mina de oro de Tailandia, y el primer gran proyecto de la compañía minera australiana Kingsgate. La mina, que empezó a operar en 2001, está situada a unos 280 kilómetros al norte de Bangkok, en Phichit, un distrito predominantemente agrícola.

La compañía mantiene una disputa continua con ambientalistas y residentes de la zona, que afirman que se han visto afectados negativamente por la mina. En 2010, los habitantes llevaron a la empresa a los tribunales por no mitigar los daños y por obtener de manera ilegal los permisos de explotación. El tribunal dictaminó que la mina había violado las leyes de protección ambiental y ordenó a la compañía que presentara una evaluación de impacto ambiental sobre la salud.²

Unos años después, en 2015, las actividades en la mina Kingsgate se suspendieron durante varios meses, en medio de continuas protestas ambientales y pruebas médicas que detectaron que cientos de personas que vivían cerca de la mina tenían unos altos niveles de sustancias tóxicas en la sangre. La propia empresa reconoció en sus informes los problemas con el polvo, el agua contaminada, el ruido y la gestión del cianuro, y algunos investigadores criticaron la “falta de una verdadera consulta con la comunidad”.³

Los acontecimientos en la mina de Kingsgate en Phichit también ocurrieron después de que estallara la violencia en otra controvertida mina del país, la mina de oro de Loei, cuando más de 300 hombres armados y enmascarados atacaron y golpearon a los aldeanos que estaban bloqueando el acceso a la mina.⁵ Estos problemas en el sector del oro llevaron a la junta militar que gobernaba el país a detener la actividad de todas las minas de oro en todo el territorio nacional en 2017, “debido a su impacto en la población local y el medio ambiente”. Aunque los grupos de derechos humanos aplaudieron el cierre,⁶ la ley utilizada en el proceso también ha sido criticada, ya que faculta al primer ministro a dictar cualquier orden arbitrariamente, sin seguir procedimientos legales y democráticos.⁷

La empresa minera australiana contraatacó amenazando con presentar una demanda de arbitraje internacional multimillonaria. Esta amenaza pareció dar sus frutos: en 2017, el Gobierno tailandés aceptó levantar la suspensión de la actividad de la mina, lo que, a su vez, provocó un fuerte aumento en el precio de las acciones de la compañía.⁸ Sin embargo, Kingsgate no ha reabierto la mina. En lugar de ello, ha demandado al Gobierno para que se le compense presentando un caso de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) en el marco del tratado de libre comercio entre Tailandia y Australia, alegando expropiación y reclamando una indemnización por daños y perjuicios por una suma no revelada.⁹ Según los rumores en los medios de comunicación nacionales, la demanda en virtud del ISDS podría ascender a 900 millones de dólares, aunque el Gobierno lo ha negado.¹⁰

¿Quién decide el impacto ambiental y humano de la minería?

Actualmente, el oro está valorado en más de 1000 dólares la onza,¹¹ y, sin embargo, a pesar de las ganancias que puede generar esta industria, el sector de la minería aurífera no puede presumir de ninguna trayectoria brillante en lo que respecta a los derechos humanos y la protección del medio ambiente. El proceso utilizado para extraer este caro metal se basa en el cianuro, un producto químico muy tóxico, y crea subproductos de metales pesados. Con el aumento de la producción y la demanda, el oro de fácil acceso se ha vuelto cada vez más escaso, y los residuos producidos por la minería se están incrementando.

Los efectos sobre la salud y el ambiente de la mina de Chatree son la clave de la disputa entre la compañía, el Gobierno y la población local. En 2015, el Instituto Central de Ciencias Forenses de Tailandia descubrió que 282 personas que vivían cerca de la mina tenían niveles excesivos de metales pesados en la sangre, lo que aumentaba el riesgo de padecer cáncer, anormalidades en el ADN y defectos congénitos.¹² Un estudio independiente posterior, realizado en 2018 por un grupo académico, observó fugas de residuos tóxicos de la balsa de relaves de la mina. También detectó una resistencia eléctrica anómala, irregularidades geoquímicas y niveles de contaminación de metales pesados en las aguas superficiales, lo cual corrobora las acusaciones de contaminación de los arrozales por parte de la población local.¹³

Sin embargo, la compañía siempre ha negado cualquier prueba de daño ambiental. Kingsgate ha publicado varios elogiosos informes de responsabilidad social corporativa sobre la mina de Chatree,¹⁵ y ha utilizado varias tácticas para cuestionar la validez de las evaluaciones ambientales: en un primer lugar, puso en tela de juicio al equipo científico, después, la metodología y, por último, el vínculo entre la contaminación y la mina.¹⁶

Aunque las diferentes versiones de la realidad no son nada nuevo, la cuestión de quién decide qué supone un nivel nocivo de exposición a ciertas sustancias químicas es crucial. En este caso, en lugar de confiar en los institutos nacionales de investigación, en el principio de precaución o en el conocimiento de la comunidad local, la decisión dependerá de tres árbitros especializados en inversiones y de una estricta ley en la materia, y se tomará a través de un proceso a puerta cerrada. En esta etapa, no son públicos los detalles de la demanda ni cuánto o qué tipo de indemnización está reclamando la compañía. A pesar de ello, la decisión de los árbitros podría afectar a todo el país debido al precedente que establece en el campo de la regulación en Tailandia. Existe un gran riesgo de que la decisión del panel de arbitraje ignore todas las preocupaciones en materia ambiental y de derechos humanos, como ha ocurrido en muchos otros casos.

Un seguro contra riesgos políticos financia el caso en virtud del ISDS

La compañía minera Kingsgate y sus inversores, como la mayoría de las compañías multinacionales, tenían un ‘seguro contra riesgos políticos’ para sus actividades, que los cubría frente a pérdidas financieras en caso de guerra, expropiación y terrorismo. De hecho, Zurich Insurance y otras aseguradoras pagaron 58,5 millones de dólares a Kingsgate por su reclamación de seguro. Parte de ese dinero se utilizará para sufragar el arbitraje en virtud del ISDS contra Tailandia.¹⁷ (Para más información sobre estos acuerdos de financiación por terceros, véase el cuadro 12 en la página 64.)

Este caso al amparo del ISDS podría convertirse en la verdadera mina de oro para esta empresa en dificultades, ya que, en 2018, Kingsgate se enfrentó a una oferta de adquisición hostil de los inversores de Metal Tiger, debido a la mala gestión¹⁸ y al aumento de la deuda.¹⁹Mientras el caso en virtud del ISDS sigue en curso, la empresa se niega a pagar por la rehabilitación de la mina, que sigue filtrando residuos tóxicos a las fuentes de agua en Phichit.²⁰

La población local no tiene acceso a seguros ni a la justicia en los tribunales australianos o internacionales. A pesar de ello, están intentando obtener algo de justicia a través de los tribunales nacionales: en 2018, los tribunales tailandeses accedieron a admitir una demanda colectiva de 6000 personas afectadas por la mina, que reclaman alrededor de 15,9 millones de dólares en concepto de indemnización.²²