10 historias de cómo los ricos y poderosos secuestraron la justicia
Demandas multimillonarias que desangran a las naciones con escasez de efectivo, a las corporaciones que revierten las victorias de los defensores del medio ambiente y a las deslumbrantes recompensas financieras para los inversores que cometieron abusos contra los derechos humanos. Diez demandas de inversionistas-estado que se han presentado, amenazado o resuelto desde 2015, de todo el mundo (en Europa, África, Asia y América Latina), demuestran que ISDS se usa una y otra vez como un arma corporativa contra el interés público. A pesar de la controversia en curso al respecto, los tribunales de alfombra roja para corporaciones continúan prosperando y perpetúan la injusticia en todo el mundo.
GABRIEL RESOURCES contra RUMANÍA
Durante casi 20 años, los habitantes de Roşia Montană, en Rumania, han luchado contra un proyecto minero multimillonario, que habría destruido sus hogares y el medio ambiente de la zona. En una notable demostración de poder popular, recurrieron a los tribunales rumanos y lograron detener el proyecto. Ahora, el propietario mayoritario del proyecto, la compañía canadiense Gabriel Resources, está demandando a Rumania ante un tribunal arbitral de inversiones y le exige 5700 millones de dólares de indemnización por la pérdida de ganancias, una suma que equivale a casi el 3 % del tamaño de toda la economía rumana.
NOVARTIS contra COLOMBIA
En Colombia, el alto precio de un medicamento que salva vidas para tratar el cáncer sanguíneo se volvió insostenible para el presupuesto del sistema público de salud. En 2015, el Gobierno decidió declarar Glivec como medicamento de interés público y despojar al gigante farmacéutico Novartis de su monopolio de producción, con el fin de que la competencia con los genéricos redujera el precio del fármaco. Pero Novartis no estaba dispuesta a renunciar a la gallina de los huevos de oro y amenazó con demandar a Colombia ante un tribunal de arbitraje internacional. Aunque el precio de Glivec se acabó rebajando, el Gobierno ya no se atrevió a tocar el monopolio de Novartis.
RAZVOJ GOLF y ELITECH contra CROACIA
Durante los últimos 13 años, los habitantes de Dubrovnik se han opuesto a la construcción de un complejo de lujo en la colina que domina su hermosa ciudad. Los tribunales croatas suspendieron el impopular proyecto, al determinar que los permisos necesarios se habían obtenido de forma ilegal. Pero la empresa que promovía el proyecto no se dio por vencida, y el caso ha llegado tanto al arbitraje internacional —con una demanda de 500 millones de dólares contra Croacia, en concepto de indemnización—, como a los tribunales nacionales, con la criminalización de la sociedad civil.
TAILANDIA contra KINGSGATE
En los arrozales de Tailandia, la población local acusó a una mina de oro de filtrar residuos tóxicos, lo cual causó graves problemas de salud y arruinó las cosechas. El Gobierno respondió suspendiendo el funcionamiento de la mina y, después, cesando la actividad de todas las minas de oro del país mientras elaboraba una nueva ley sobre explotación minera. Sin embargo, en lugar de que las comunidades afectadas reciban una indemnización por los daños causados, está sucediendo todo lo contrario. Desde 2017, el propietario australiano de la mina, Kingsgate, demanda a Tailandia y le exige una indemnización de millones de dólares en virtud de un tratado de libre comercio entre los dos países.
VERMILION contra FRANCIA
Cuando Nicolas Hulot se convirtió en ministro de Medio Ambiente de Francia, en 2017, obtuvo no solo poder político, sino también respaldo público. Como renombrado ecologista, la ciudadanía francesa creía que podía convertirse en un adalid muy necesario a favor del clima, que podría dar seguimiento a las promesas del Acuerdo de París sobre el clima y cumplirlas. Pero esta ilusión se vio rápidamente truncada por un gran obstáculo: Francia es signataria de varios tratados de inversión, y las compañías de petróleo y gas están dispuestas a utilizar el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) que prevén esos tratados para oponerse a cualquier acción sobre el cambio climático.
BORDER TIMBERS y VON PEZOLD contra ZIMBABWE
En las tierras altas orientales de Zimbabwe, miles de familias indígenas corren el riesgo inminente de ser desalojadas por la fuerza de sus tierras ancestrales, que llevan siglos cultivando. Dando muestra de un desprecio flagrante de los derechos de los pueblos indígenas en virtud del derecho internacional, tres árbitros especializados en inversiones han ordenado a Zimbabwe que ‘restituya’ sus tierras a inversores austríaco-suizos-alemanes que explotan grandes plantaciones madereras en la zona, y que habían sido parcialmente confiscadas en el marco del programa de reforma agraria del país. El tribunal se negó con desdén incluso a escuchar a las comunidades que se verían desplazadas, una vez más, como consecuencia de su decisión.
COPPER MESA contra ECUADOR
Un proyecto minero mal concebido en una de las zonas con más biodiversidad del mundo. Un inversor canadiense que se dedicó a practicar la intimidación y la violencia contra la población indígena local. Una comunidad que se opuso con firmeza a la actividad minera para salvar sus bosques, fuentes de agua y medios de vida. Esta es la historia de una iniciativa minera que nunca debería haber existido. Sin embargo, después de la demanda presentada por un inversor, tres árbitros decidieron que la culpa del fracaso del proyecto debía recaer en el Gobierno, no en la empresa. A pesar de reconocer las numerosas irregularidades de la empresa, los árbitros indemnizaron al inversor con 24 millones de dólares.
CONOCOPHILLIPS contra VIETNAM
La recaudación eficaz y justa de impuestos es esencial para todos los Estados y, en especial, para los llamados países en desarrollo que desean avanzar de manera sostenible. La recaudación de impuestos también ofrece un medio para garantizar unos servicios públicos de calidad y universales, y para enfrentar colectivamente los retos del cambio climático. Sin embargo, en Vietnam y en otros países, las grandes corporaciones desafían a los Gobiernos que intentan imponer impuestos sobre sus enormes ganancias. La solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) representa una de sus principales herramientas para tratar de evitar el pago de impuestos y recibir, en cambio, millones de dólares en concepto de indemnización.
ROCKHOPPER contra ITALIA
En 2017, Rockhopper Exploration, una compañía de petróleo y gas domiciliada en el Reino Unido, presentó una demanda contra Italia porque el país se había negado a otorgarle una concesión para la perforación de petróleo en el mar Adriático. La negativa se produjo después de que el Parlamento italiano prohibiera nuevas actividades de petróleo y gas cerca de las costas del país, por las preocupaciones que generaban sus efectos en el medio ambiente, el riesgo de terremotos, los efectos sobre la pesca y el turismo local, y la fuerte oposición de los habitantes de la zona. Rockhopper reclama hasta 350 millones de dólares en concepto de daños, una cantidad que es siete veces superior al dinero que supuestamente dedicó a estudiar el proyecto.
ECO ORO contra COLOMBIA
En febrero de 2016, después de una serie de protestas multitudinarias, la Corte Constitucional de Colombia puso punto y final a un megaproyecto de explotación aurífera de la compañía canadiense Eco Oro: la corte decidió que no se podían realizar actividades extractivas en los ecosistemas de alta montaña conocidos como páramos, incluido el páramo de Santurbán, donde estaba ubicado el proyecto de Eco Oro. Menos de un mes después, la compañía le comunicó al Gobierno que presentaría una demanda de arbitraje de inversión. Y lo que es peor: la demanda de 764 millones de dólares de Eco Oro parece haber desencadenado campaña ofensiva de los inversores.
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