Razvoj Golf y Elitech contra Croacia

Durante los últimos 13 años, los habitantes de Dubrovnik se han opuesto a la construcción de un complejo de lujo en la colina que domina su hermosa ciudad. Los tribunales croatas suspendieron el impopular proyecto, al determinar que los permisos necesarios se habían obtenido de forma ilegal. Pero la empresa que promovía el proyecto no se dio por vencida, y el caso ha llegado tanto al arbitraje internacional —con una demanda de 500 millones de dólares contra Croacia, en concepto de indemnización—, como a los tribunales nacionales, con la criminalización de la sociedad civil.¹

La ciudad de Dubrovnik debe su nombre a los robles (llamados ‘dubrava’ por la gente de la zona) que cubren la colina de Srđ, situada junto a la ciudad. En 2010, se creó la iniciativa local ‘Srđ je naš’ (‘Srd es nuestra’), que aglutinó a grupos activistas locales y ONG del país. Su objetivo era proteger esta bonita zona en el corazón de Dubrovnik de la construcción de un gigantesco complejo turístico y residencial, que albergaría dos campos de golf, dos hoteles, 240 villas, 408 suites, un anfiteatro, un club hípico, parques, paseos marítimos y una conducción para el abastecimiento de agua.²

Este proyecto inmobiliario habría supuesto un gran impacto para la ciudad. Por ejemplo, las dimensiones del proyecto era enormes. En comparación con la ciudad propiamente dicha, la zona del complejo habría ocupado 20 veces más que la superficie del casco antiguo, declarado sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El proyecto también habría privado a la población local y a los turistas de una zona prístina y de un mirador excelente, y habría necesitado grandes cantidades de agua y pesticidas para su mantenimiento.³ En opinión de la población local, este proyecto resultaba desmesurado para una ciudad que ya está muy afectada por un exceso de turismo y una infraestructura sobrecargada.

Ni aceptado ni legal

Los habitantes de Dubrovnik deseaban preservar la belleza de la ciudad y sus alrededores, proteger sus reservas de agua y el medio ambiente, y limitar el impacto del turismo en sus vidas. Además, el proyecto también estaba manchado por sospechas de corrupción.

Con el apoyo de ONG, artistas, arquitectos y especialistas en otros ámbitos, ‘Srđ je naš’ utilizó medios democráticos y legales para expresar sus inquietudes. En un referendo organizado en 2013 por la campaña, el 84 % de los residentes que votaron se manifestaron en contra del plan.⁵ La iniciativa ciudadana también objetó al proyecto ante los tribunales croatas, que resolvieron que los permisos de emplazamiento de los inversores y las evaluaciones de impacto ambiental eran ilegales.⁶ Este fue un potente ejemplo de resistencia local y poder popular.

Esta inspiradora lucha, a favor de un medio ambiente respetado y un turismo respetuoso, dio lugar a varias victorias en el plano local. Pero después… la propia empresa llevó el caso a los tribunales. No a los tribunales croatas, sino a un tribunal de arbitraje internacional, privado y caracterizado por un total secretismo, donde ahora está intentando hacerse con lo que les había negado el poder popular y los tribunales nacionales: unas ganancias exorbitantes.

El club de golf del ISDS puede meter la democracia en un hoyo

El proyecto inmobiliario de lujo contaba con el apoyo de la empresa croata Razvoj Golf, propiedad de Aaron Frenkel, un inversor israelí. A través de una sociedad pantalla domiciliada en los Países Bajos (Elitech), Razvoj Golf ha demandado a Croacia ⁸ en virtud del tratado de inversión entre Croacia y los Países Bajos, un acuerdo que podría argüirse que ya no está jurídicamente en vigor (véase el cuadro 5 en la página 28). Los inversores sostienen que gastaron 130 millones de euros en el proyecto, pero reclaman 500 millones de dólares al Estado croata para que les compense por los beneficios que afirman que habrían obtenido si la construcción hubiera seguido adelante.⁹

Apenas seis semanas después de que los inversores presentaran esta demanda al amparo del ISDS, el Gobierno croata expidió a los promotores nuevos permisos, idénticos a los que anteriormente habían revocado los tribunales croatas. Los permisos se volvieron a emitir aunque no había cambiado sustancialmente nada con respecto al proyecto. Tras otra demanda presentada por varias ONG, otro magistrado decidió que estos nuevos permisos sí son legales. En estos momentos, las ONG están recurriendo esta decisión ante el Alto Tribunal Administrativo de Croacia, un tribunal de segunda instancia.¹⁰ Por lo tanto, el caso multimillonario de los inversores ya parece estar haciendo mella en el Gobierno y convenciéndolo para que haga caso omiso de las preocupaciones de la ciudadanía y las desestime.

Pero el atentado contra la democracia no termina aquí. La empresa que promovía el proyecto también demandó a una de las principales ONG que apoyó a ‘Srđ je naš’: Zelena akcija o Amigos de la Tierra Croacia. El inversor está exigiendo, a través de los tribunales croatas, una indemnización de 30 000 euros a este grupo de interés público por supuesta difamación, e incluso quiere prohibir que el grupo hable públicamente sobre el proyecto del campo de golf.¹² Está intentando silenciar y ahogar las voces de la comunidad democrática que ayudaron a generar un importante debate sobre el proyecto. Estas son preocupaciones legítimas de la gente de la ciudad, relacionadas con los medios de vida, la calidad de vida, la protección del medio ambiente, la privatización del espacio público, etcétera. En los casos dirimidos en virtud del ISDS, a estas preocupaciones no solo no se les da espacio ni voz, sino que, en esta ocasión, la compañía está utilizando sus importantes recursos para intentar censurar a la comunidad para que ni siquiera se manifieste públicamente sobre el controvertido proyecto, sentando otro peligroso precedente de que las compañías usen los tribunales para silenciar a la oposición ciudadana.