Vermilion contra Francia

Cuando Nicolas Hulot se convirtió en ministro de Medio Ambiente de Francia, en 2017, obtuvo no solo poder político, sino también respaldo público. Como renombrado ecologista, la ciudadanía francesa creía que podía convertirse en un adalid muy necesario a favor del clima, que podría dar seguimiento a las promesas del Acuerdo de París sobre el clima y cumplirlas. Pero esta ilusión se vio rápidamente truncada por un gran obstáculo: Francia es signataria de varios tratados de inversión, y las compañías de petróleo y gas están dispuestas a utilizar el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) que prevén esos tratados para oponerse a cualquier acción sobre el cambio climático.

Se suponía que sería ‘la’ ley francesa sobre combustibles fósiles. En el verano de 2017, el ministro francés de Medio Ambiente sintió la presión de la crisis climática y la necesidad de emprender acciones urgentes. Elaboró una ley para poner fin a la extracción de combustibles fósiles en todo el territorio francés, incluidos los de ultramar, para 2040; después de ese año, no se extraería más petróleo ni gas de la tierra.¹ Francia estaba dando pasos para transformar las palabras del Acuerdo de París en una realidad.

Pero Hulot no fue el único que trabajó duro durante el verano de 2017. La ‘ley Hulot’ —como se llamó más adelante— se sometió al examen del Consejo de Estado francés; un procedimiento para asegurar que la ley sea congruente con la Constitución francesa. Sin embargo, los bufetes de abogados privados que ganan dinero cuando los inversores demandan a los Estados al amparo del ISDS también estudiaron detenidamente la ley, pero desde una perspectiva muy diferente.

Daños corporativos o cambio climático: la decisión que deben tomar los políticos

En agosto de 2017, el Consejo de Estado recibió varias cartas de presión sobre la ley Hulot.³ Una de ellas provenía de un bufete de abogados privado, Piwnica et Molinié, en nombre de Vermilion, una compañía canadiense de petróleo y gas. Con 26 centros de extracción de combustibles fósiles en Francia —incluidos muchos proyectos petroleros en la región de París—,⁴ Vermilion es el productor de combustibles fósiles más importante en territorio francés y produce casi el 75 % del petróleo nacional. La empresa y sus abogados amenazaron con demandar a Francia en el marco del ISDS si seguía adelante con la ley Hulot.

La carta argumentaba que la propuesta de Hulot de prohibir que se renovaran los permisos de explotación petrolera violaba el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional de la década de 1990 que prevé unos derechos de gran alcance para los inversores extranjeros (para más información, véase el cuadro 11 en la página 58). También aduce explícitamente que la ley Hulot contraviene los compromisos internacionales de Francia en el marco del TCE, y alude a seis derechos dispuestos en este, como el “trato justo y equitativo de los inversores” o el hecho de que los signatarios “no pueden expropiar inversiones sin respetar ciertas condiciones, como el pronto pago de una indemnización adecuada y efectiva”.⁵

Los abogados de Vermilion sabían que una amenaza de una demanda multimillonaria en virtud del ISDS no se podía ignorar. Como escribió el periodista Chris Hamby, ganador del premio Pulitzer, después de investigar sobre el tema durante 18 meses: “El ISDS es un sistema tan sesgado e impredecible, y las multas que los árbitros pueden imponer son tan desastrosamente astronómicas, que someterse a las demandas de una empresa, por muy extremas que resulten, puede parecer una elección prudente”.⁶ Y, de hecho, el Gobierno francés parece haber cedido, aun a su pesar, a las demandas de las grandes petroleras

La ley concebida para limitar los combustibles fósiles termina por facilitar su expansión

Después de las vacaciones de verano, tanto un Hulot renovado como una ley Hulot transformada, regresaron para el debate. La versión de septiembre de 2017 permitía que se renovaran los permisos de explotación petrolera hasta 2040, lo que significaba que todos los proyectos de exploración y explotación en curso seguirían funcionando sin restricciones durante más de 20 años. En determinadas condiciones, la versión final de la ley incluso permitía renovar los permisos de explotación después de la fecha límite de 2040. Por lo tanto, la nueva ley tendría el efecto contrario a su objetivo original. Y lo que es peor: tras la aprobación de la nueva ley,⁸ Hulot firmó más permisos para combustibles fósiles que su predecesor en el Ministerio de Medio Ambiente.⁹

Nadie sabrá nunca con exactitud el grado de influencia que tuvo la amenaza del ISDS a la hora de despojar a la ley Hulot de todas sus ambiciosas medidas. Vermilion no fue la única empresa que participó en este asunto y otras grandes empresas desplegaron una importante actividad de cabildeo con el objetivo de desleír el reglamento. Sin embargo, la ambición del tan respetado ministro de Medio Ambiente francés se vio claramente aniquilada por unos intereses empresariales muy bien dotados de recursos, que utilizaron el ISDS como una potente arma secreta contra un objetivo urgente y popular: la lucha contra el cambio climático. Un año después de la versión de septiembre de 2017 de su ley de combustibles fósiles, Hulot dimitió. En su entrevista de dimisión, declaró que los grupos de presión corporativos ejercían demasiada influencia en la formulación de políticas ambientales.¹⁰