Rockhopper contra Italia

En 2017, Rockhopper Exploration, una compañía de petróleo y gas domiciliada en el Reino Unido, presentó una demanda contra Italia porque el país se había negado a otorgarle una concesión para la perforación de petróleo en el mar Adriático. La negativa se produjo después de que el Parlamento italiano prohibiera nuevas actividades de petróleo y gas cerca de las costas del país, por las preocupaciones que generaban sus efectos en el medio ambiente, el riesgo de terremotos, los efectos sobre la pesca y el turismo local, y la fuerte oposición de los habitantes de la zona. Rockhopper reclama hasta 350 millones de dólares en concepto de daños, una cantidad que es siete veces superior al dinero que supuestamente dedicó a estudiar el proyecto.¹

La región de Abruzzo, situada en el centro de Italia, cuenta con numerosos parques nacionales y reservas naturales, y es una de las más verdes de Europa. Su costa está salpicada de playas de agua cristalina y antiguos pueblos marineros que están rodados de colinas donde se cultivan viñas y olivos, y que habitan pequeñas comunidades agrícolas. Los habitantes de Abruzzo llevan más de una década luchando para proteger su territorio virgen frente a la contaminante explotación petrolera.

La comunidad conoció el proyecto para la plataforma petrolera Ombrina Mare en abril de 2008. A pocos kilómetros de la orilla apareció un pozo de prueba, seguido, un mes más tarde, de una fuga de petróleo.² Este pozo de prueba debía preparar el terreno para varios pozos, oleoductos submarinos y una refinería flotante de 350 metros de longitud para desulfurar el petróleo de baja calidad. La plataforma habría expulsado toneladas de residuos tóxicos en el agua y la atmósfera todos los días.³

La amenaza de una plataforma petrolífera en alta mar tan cerca de la costa provocó una oposición inmediata. La Iglesia Católica de la zona, varios municipios costeros, la provincia de Chieti, operadores turísticos, viticultores, médicos, pescadores, grupos ambientales y muchos otros actores se mostraron en contra del proyecto. Las preocupaciones eran diversas, pero entre ellas se encontraban algunas relacionadas con la perturbación del frágil ecosistema y la vida silvestre (debido a las perforaciones, la contaminación acústica constante, los posibles derrames de petróleo, etc.), la salud de la población (por la liberación de subproductos tóxicos de la extracción de petróleo), los riesgos de terremotos, el futuro del turismo y la incompatibilidad del proyecto con el sector pesquero local.⁵

Abruzzo dice ‘no’ al petróleo contaminante

Bajo el lema de “No Ombrina”, miles de personas tomaron las calles en Abruzzo para protestar contra el proyecto. En mayo de 2013, 40 000 personas se manifestaron en la ciudad de Pescara. La manifestación contó con el apoyo de numerosos grupos de la sociedad civil, 3 diócesis, personal de 3 parques nacionales, 47 municipios locales y personas de toda la región. En mayo de 2015, 60 000 personas participaron en una marcha en Lanciano, una localidad que cuenta con aproximadamente la mitad de esa población. Según Matteo Cernison, del Instituto Universitario Europeo, “toda la sociedad regional parecía estar movilizada contra Ombrina”.⁶

La presión funcionó. Uno tras otro, representantes de todo el espectro político se pronunciaron en contra de Ombrina Mare. En diciembre de 2015, el Parlamento italiano aprobó una prohibición de los proyectos de petróleo y gas a menos de 12 millas náuticas de la costa italiana.⁸

De este modo, Ombrina Mare, como otros proyectos de combustibles fósiles en alta mar, quedó vetado. En febrero de 2016, el Ministerio de Desarrollo Económico comunicó a Rockhopper que no recibiría la concesión de producción necesaria.

Fondos públicos para compensar unos hipotéticos beneficios privados

Rockhopper había comprado la licencia de Ombrina Mare en plena oleada de oposición al proyecto, en el verano de 2014 (a través de la adquisición de Mediterranean Oil & Gas, la anterior empresa titular de la licencia). Por lo tanto, la empresa debe haber sido muy consciente de que el proyecto no solo carecía de varios permisos, sino también de apoyo público y político.⁹ Sin embargo, en marzo de 2017, Rockhopper anunció que había impugnado la negativa de Italia a otorgar la concesión ante un tribunal arbitral y que tenía “buenas perspectivas de recuperar perjuicios económicos muy significativos (…) sobre la base del lucro cesante”.¹⁰

Según el director de la empresa, Rockhopper no solo está reclamando una indemnización por el dinero que realmente gastó en explorar Ombrina Mare (40-50 millones de dólares). También reclama otros 200-300 millones de dólares por las supuestas ganancias que habría generado el yacimiento si no se hubiera prohibido.¹¹ Aunque las constituciones de muchos países no consideran que las ganancias previstas constituyan propiedad privada protegida, en las controversias entre inversores y Estados a las empresas se las compensa a menudo por la pérdida de beneficios futuros.¹²

Los costes legales de la empresa están cubiertos en su totalidad por el financiador de controversias británico Harbour, que cobrará una parte del posible laudo (para más información sobre este tipo de acuerdos, véase el cuadro 12 en la página 64). En palabras de Sam Moody, director ejecutivo de Rockhopper: “El proceso no nos está costando nada”.¹⁴ No obstante, el hecho de que un financiador solvente respalde la demanda podría incrementar la presión sobre el Gobierno para que llegue a un acuerdo amistoso sobre el caso y evite así aumentar los costes para los contribuyentes italianos.

El arma secreta de la energía contaminante para socavar la transición energética

La demanda de Rockhopper se basa en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE, véase el cuadro 11 en la página 58), a pesar de que Italia se había retirado de este tratado antes de que se presentara la demanda. Esto es posible debido a la cláusula ‘de continuidad contractual’ o ‘zombi’, una disposición profundamente antidemocrática que permite que los privilegios de las empresas se mantengan vigentes incluso después de que un país se haya retirado del acuerdo. En el caso de las inversiones realizadas antes de que entrara en vigor la retirada de Italia del TCE (el 1 de enero de 2016), el país aún puede ser demandado durante 20 años (hasta el 1 de enero de 2036). De forma que, aunque ya haya abandonado el TCE, Italia podría verse afectada por muchas más ofensivas judiciales como la de Rockhopper.

De hecho, después de que Italia suspendiera temporalmente los nuevos permisos de petróleo y gas, en febrero de 2019, los abogados que ganan dinero con el arbitraje de inversiones publicitaron la demanda de Rockhopper como “un referente para futuros casos” por parte de otras compañías de combustibles fósiles.¹⁵

Por lo tanto, está claro que el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) es una herramienta poderosa en manos de las grandes compañías de petróleo, gas y carbón para disuadir a los Gobiernos de efectuar la transición hacia la energía limpia. Los científicos especialistas en clima coinciden en que, si no queremos destruir el planeta, tres cuartas partes de los combustibles fósiles del mundo se deben mantener bajo tierra.¹⁷ Pero los Gobiernos que clausuren minas de carbón, gasoductos o plataformas petrolíferas contaminantes para dar respuesta a estas preocupaciones podrían ser considerados responsables de daños millonarios —e incluso multimillonarios— durante muchos años.